La crisis de ventas de los vehículos diésel y las dudas de los consumidores acerca de qué tecnología elegir al comprar coche están pasando factura al negocio de los fabricantes y de los concesionarios de automóviles, pero al Fisco le va bien.
La recaudación del conocido como impuesto de matriculación se ha disparado principalmente por dos circunstancias: el vuelco del mercado en favor de los vehículos de gasolina y los nuevos controles de emisiones, que han reducido la proporción de coches que hasta ahora estaban exentos del gravamen. En el caso de Asturias, la acción de ambos factores, unida al incremento de ventas que se produjo el año pasado, hizo que los ingresos del citado tributo aumentaran el 44%.
El técnicamente llamado impuesto especial sobre determinados medios de transporte lo pagan quienes compran un vehículo nuevo o uno usado que se matricula por primera vez en España. La base imponible es el precio del coche antes de aplicar el IVA (21%) y el tipo de gravamen está vinculado desde 2008 a las emisiones de CO2 de cada modelo. El impuesto se paga a través de la Agencia Tributaria del Estado, si bien los ingresos son transferidos íntegramente a las comunidades autónomas, que además tienen competencias normativas para modificar los tipos.
Esa es, con carácter general, la mecánica de un impuesto que entre 2012 y 2017 generó en Asturias recaudaciones medias anuales de entre cuatro y cinco millones de euros, según datos oficiales. ¿Que ha ocurrido para que en 2018 los ingresos del Fisco por la matriculación de turismos llegaran a rozar los ocho millones de euros (7,95 millones, el 44% más que en 2017)? El incremento de las ventas, que fue del 8,24%, con un total de 19.199 automóviles vendidos, sólo justifica una parte del auge recaudatorio, más si se considera que el precio medio de los vehículos (16.976) subió de forma muy contenida (1,3%). Las explicaciones más verosímiles están, según se infiere de los datos de Hacienda y de las manifestaciones de las patronales del sector, en otras cuestiones que se sintetizan en los siguientes puntos.
Los “días contados” del diésel. Según los números de la Agencia Tributaria, las matriculaciones de vehículos diésel retrocedieron el 26% en 2018 y las de coches de gasolina crecieron el 22% y pasaron a ser la opción preferida por los consumidores. Fue en un contexto marcado por los anuncios de restricciones a corto y medio plazo en la circulación de vehículos movidos por gasóleo en algunas ciudades y ante la expectativa también de un aumento de la presión fiscal y regulatoria sobre el uso de esta tecnología, considerada por los gobiernos como la más contaminante. Ese clima de desconfianza hacia los coches de gasóleo se avivó en España a raíz de unas declaraciones de la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera: “El diésel tiene los días contados”, afirmó en julio de 2018. Según datos de consultora MSI para la patronal de los concesionarios Faconauto, la extendida afirmación de que el diésel contamina más no es veraz, al menos en el caso de las emisiones de CO2. Si bien hay estudios que ofrecen datos dispares, los de Faconauto determinan que los motores diésel de nueva generación emiten hasta un 20% menos de dióxido de carbono que los de gasolina. En la medida en que el impuesto de matriculación se paga según el nivel de esas emisiones, el vuelco del mercado hacia la gasolina estaría detrás del aumento de la recaudación.
El protocolo WLTP. Los ingresos del impuesto de matriculación también crecieron desde el 1 de septiembre impulsados por la entrada en vigor de una nueva norma sobre emisiones, el denominado “Procedimiento mundial armonizado para ensayos de vehículos ligeros” (WLTP, por sus siglas en inglés). La utilización de este protocolo, basado en parámetros más cercanos a la conducción real que el anterior (NEDC), hace que los vehículos salgan de fábrica con un nivel de emisiones certificado que puede superar en un 20% el resultante de la vieja metodología, según cálculos del sector. A mayores emisiones certificadas, mayor es el impuesto de matriculación.
Más contribuyentes. La combinación de los cambios comentados, junto a la posible incidencia de otras tendencias del mercado (éxito comercial de los modelos SUV o todocaminos, más potentes y contaminantes), ha hecho que, como media, el nivel de emisiones de los coches matriculados en Asturias pasara de 118 gramos por kilómetro en 2017 a 122 en 2018. Y eso se ha traducido en un intenso aumento del número de compradores obligados a pagar un impuesto cuya tarifa libera de tributar a quienes adquieren coches con emisiones inferiores a 120 gramos. Ese un listón permite que gran parte de las matriculaciones queden exentas, pero esa proporción bajó del 73% de 2017 al 63% en 2018 y sigue haciéndolo este año (61% hasta abril). Por encima de los 120 gramos de CO2, los contribuyentes asturianos tributan entre un mínimo del 4,7% del precio del automóvil y un máximo del 16% en el caso de los más potentes y contaminantes. Esta última es la tasa más alta del país.