El tictac del cambio de gestión de las fábricas de aluminio de Avilés y La Coruña se escucha ya de manera ensordecedora. El próximo día 31 acaba una crisis que abrió la multinacional Alcoa cuando anunció que iba a cerrar su negocio primario porque no daba dinero. En diez días, la empresa Parter Capital Group tiene que depositar en las cuentas corrientes de la multinacional norteamericana los 30 millones de dólares que garanticen los abonos consecuentes al cambio de propietario, entre otras cosas. Y todo esto se hace en un ambiente de tensión pluscuamperfecto: el precio de la energía eléctrica no hace más que subir (ayer estaba a 67 euros). Y es que, por el momento, no existe la herramienta que permita abaratar costes (ni Avilés, ni La Coruña se han podido beneficiar de las subastas de interrumpibilidad porque llevan meses sin producir aluminio electrolítico).
Esta de la energía es sólo una de las espadas de Damocles que apunta a los trabajadores avilesinos. Porque tienen varias: “Nos prometieron en campaña electoral 200 millones para el CO2: sólo han habilitado 91. Nos prometieron un estatuto para las grandes consumidoras. Decían que iba a estar antes de las últimas elecciones. Seguimos esperando. No nos vale eso de que llevan diez meses: van para dos años… y a nosotros nos aguarda el paro”, subrayó José Manuel Gómez de la Uz, el presidente del comité de empresa de Alcoa Avilés.
“Le pedimos a Enrique Fernández, el nuevo consejero de Industria, una posición clara a favor de la industria y evitar seguir actuando con lealtad institucional a Madrid”, apuntó De la Uz. “Pero no es cosa toda de él. El Gobierno de España nos dijo que iban a hacer por que bajara el precio de la energía y sólo sube. Según Enervill ellos mediaron, ellos dijeron que la opción de Parter era la buena. Lo que tienen que hacer es asegurar la viabilidad de su proyecto industrial”, añadió De la Uz, uno de los protagonistas de esta última crisis de Alcoa, que ya va por los nueve meses.
Lo único que tenemos claro es que el día 31 nos hemos citado en Madrid. Que entonces nos dirán si los de Parter han puesto el dinero que se habían comprometido a poner. No sabemos nada de ellos: los vimos en dos o tres reuniones nada más. Trataron siempre con Alcoa”, añadió el líder sindical. “Si la cosa es que sí, el 1 de agosto cambiaremos de patrón. Su proyecto es, al principio, mantener la actividad de la refusión de chapa. La idea que defienden es inclinar el negocio al sector del automóvil. Aseguran que Alcoa tiene limitada la acción comercial. Si el precio de la energía está por debajo de 40 euros, entonces comenzarán a producir con las series electrolíticas. Dicen que el Gobierno les ha dicho que eso sucederá en el segundo semestre del año próximo. Así que es difícil que al año siguiente hagan las maletas: no les da tiempo a ver cuál es la progresión del negocio. Los dos años es una garantía de Alcoa para salvaguardarse ante eventuales acciones contra ellos, contra los americanos, prosigue.
Si finalmente Parter no presenta el dinero que le reclama Alcoa, la situación que se prevé es que la multinacional siga operando con la refusión, es decir, reciclando chapa. “Eso supone que 91 personas seguirán trabajando para Alcoa. Los otros 210, en cambio, iremos a la calle. A esto llaman en Alcoa al plan social”, explicó De la Uz. La promesa son despidos con 60 días por año trabajado más una prima anexa.
“La plantilla está muy cansada: llevamos casi un año luchando. En octubre nos dijeron que íbamos a la calle, el 15 de enero arrancamos un compromiso a la empresa que tenía dos variantes: o vender o la calle, ya era más de lo que teníamos en octubre. Ahora parece que hay un comprador”, apuntó De la Uz, que es trabajador de las series electrolíticas, aquellas que están apagadas desde hace meses.
La cuestión energética es crucial para los trabajadores del sector aluminero, pero también para los del acero. Arcelor supedita su futuro al precio de la energía, es decir, el tictac industrial está sonando para todos y entre esos todos está la comarca de Avilés. A comienzos del pasado noviembre, en lo más crudo de la crisis, cuando los sindicatos discutían con la empresa la legalidad del expediente de despidos colectivos, el gobierno municipal ordenó la instalación de dos lonas con un mensaje claro: “Alcoa no se cierra”. De hoy en diez días las descolgarán, cuando la crisis haya llegado a su fin.